— Redacción Diario El Pueblo —

La prisión preventiva en contra de 2 varones que son procesados por la agresión sexual que sufrieron menores de edad en la ciudad de Arequipa, fueron dictados por los juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, Johanna Lozano Rosado, dispuso la reclusión por el plazo de 5 meses en contra de Tomás Bautista Calderón Palacios de 50 años, investigado por el presunto delito de violación sexual de una menor de 12 años de edad.

En Cámara Gesell, la víctima, que pertenece al entorno familiar del imputado, relató las agresiones que sufrió en el 2020 en su vivienda ubicada en el pueblo joven Miguel Grau, distrito de Paucarpata. La agraviada narró lo sucedido a su madre y posteriormente presentó la denuncia ante la comisaría de la localidad.

La magistrada consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados y al determinar que existe peligro de fuga ante la carencia de arraigos y porque la pena a imponerse sería de cadena perpetua, se dictó la prisión preventiva. Considerando que el procesado se encuentra en libertad, se dispuso que se giren las órdenes de captura a nivel nacional.

En el caso del otro sujeto, la jueza del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, Vivian Ojeda Midolo, ordenó la prisión preventiva en contra de Leoncio Choquehuanca Quispe de 39 años, investigado por la agresión sexual que sufrió una adolescente de 14 años.

Los abusos ocurrieron en tres oportunidades en la asociación de vivienda Nueva Villa Ecológica, distrito de Alto Selva Alegre. El imputado, se ganó la confianza debido al apoyo que ofrecía debido a carencias económicas de la familia.

Luego de escuchar los argumentos de las partes en audiencia de prisión preventiva, la magistrada dispuso la prisión preventiva por el plazo de 9 meses toda vez que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados, y porque carece de arraigos que aseguren su presencia durante las investigaciones.

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