Por: César Gutiérrez – El Montonero

Desde que se pusieron en operación las redes de distribución de gas natural (GN) en Lima y Callao, hace 17 años, el discurso de la masificación es una letanía repetida incesantemente, sin más análisis que su comparación con el gas licuado de petróleo (GLP) para un volumen determinado (el GLP indudablemente tiene menor costo). En este año la prédica se ha intensificado ante el incremento de precio del GLP en un 50% en el mercado internacional, vendiéndose como la solución para el consumidor.

Un análisis más detallado implica evaluar la inversión por usuario conectado, que implica: costo de redes (CR), derecho de conexión (DC), acometida (AC) y sistema integrado de instalaciones de interiores (SIII). Para no utilizar cifras arbitrariamente, me referiré a las calculadas por Proinversión para el fallido concurso que se llamó “masificación de siete regiones del interior del país”: Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco, Puno y Ucayali. Un proceso lanzado el 1 de octubre del 2014 (RS-053-2014-EF) y abortado el 28 de junio del 2021, por falta de postores.

La variable de competencia era el costo por usuario conectado, que fue fijado en un tope de US$ 1,952 para una concesión de 32 años; con un compromiso de conectar en ocho años a 113,535 hogares. El concedente, Ministerio de Energía y Minas (Minem), se comprometía a cancelar periódicamente el avance de las inversiones efectuadas. Hay dos cifras de interés para analizar: la inversión total y su amortización en el horizonte del proyecto.

Tomando en cuenta el precio máximo por usuario conectado y las conexiones exigidas, se hubiese necesitado un desembolso de US$ 221.6 millones, que se hubiesen pagado con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), que a junio de este año disponía de US$ 300.6 millones; es decir se hubiese tomado el 74% de la disponibilidad existente. En cuanto a la amortización de la inversión a la tasa de descuento de 12% anual en dólares, significaría US$ 19.18 mensuales; al tipo de cambio actual, S/ 78.64 mensuales.

La amortización mensual significa que, utilizando fondos pagados por los consumidores de electricidad y de gas natural, se estaría gastando S/ 78.64 mensuales por usuario conectado para pagar infraestructura sobre la que el concesionario rentaría. El balón de GLP, en precio promedio nacional –sin usar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC)–, es de S/ 50.75 por balón. De otro lado, el “balón eléctrico” (lo expliqué en artículo anterior) –es decir, el uso de electricidad en cocinas de inducción–, dependiendo de la tarifa del usuario residencial costaría entre S/ 46 y S/ 34.

Es evidente que la masificación del GN no es la solución más apropiada. El “balón eléctrico” puede inclusive disminuir significativamente su valor en dos procesos escalonados: estableciendo, a nivel domiciliario, una tarifa eléctrica diferenciada (diurna y nocturna), como un primer paso, ya existe la propuesta de Osinergmin; y luego incentivar el uso de energías renovables con tarifas horarias diurnas, sobre la base de energía solar, que cuestan la tercera parte que la convencional.

La semana pasada dejé la interrogante sobre el costo de las cocinas de inducción y su menaje en la evaluación del “balón eléctrico”. A precios de mercado, son 30% más baratas que el SIII, que se subsidia con el FISE a los sectores socioeconómicos de bajos ingresos. En cuanto al consumidor de ingreso medio y alto, con una buena estrategia de difusión, sin usar subsidio alguno, pueden tomar la decisión por serles mucho más beneficioso.

Una reflexión final: si tanto se discursea sobre recursos renovables desde el gobierno, esta es una oportunidad de llevar esos discursos a la práctica.

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