— Redacción Diario El Pueblo —

El presidente ejecutivo de Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Mario Carhuapoma, es investigado en la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, según un informe del programa Punto Final.

Docente y coordinador

Mario Carhuapoma, docente principal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fue contratado el 1 de abril del 2020 de forma directa por el Gobierno Regional de Ayacucho para ser el coordinador en Lima del traslado humanitario de personas hacia esa región.

De acuerdo con Punto Final, la labor de Mario Carhuapoma implicaba realizar desde Lima todos los trámites y procedimientos del traslado humanitario ante las autoridades correspondientes y suscribir los salvoconductos de las personas beneficiadas. Una vez en Ayacucho correspondía ubicar a estas personas en cuarentena, lo que implicaba gastos en alojamiento, alimentación, transportes y otros servicios.

El portal de transparencia del Gobierno Regional de Ayacucho precisa que Mario Carhuapoma cobró por este servicio S/ 25 000. Sin embargo, Carhuapoma era docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM desde diciembre del 2008 con un sueldo de S/ 7 000.

El reglamento de la UNMSM para la actividad académica docente señala que los docentes a dedicación exclusiva de la universidad solo pueden recibir por remuneración la que perciben de la casa de estudios.

El 3 de julio del 2020 la Contraloría General de la República emitió un informe donde resaltaba una serie de irregularidades detectadas. Una de ellas era que las contrataciones directas efectuadas por concepto de traslado humanitario, entre ellas las de Mario Carhuapoma, se habían regularizado sin el informe técnico legal que la sustente y fuera del plazo establecido por ley.

La Contraloría detectó, además, que algunos de los contactos directos para alojamiento y alimentación del traslado humanitario se realizaron sin informe técnico legal y fuera de los plazos conforme a ley. Además, determinó que en algunas casos estos alojamientos y restaurantes no pudieron acreditar haber cumplido con el servicio.

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