Por: Javier Azálgara Neira – Abogado

El Congreso de la República carece de legitimidad, porque por mayoría se votó por una Comisión Investigadora del fraude electoral en el proceso de elecciones generales del 2021. Esto presupone que si la mayoría de congresistas sostienen que hubo fraude, su elección es ilegítima y deben con esta mayoría disolver el Congreso y el Poder Ejecutivo de facto, convocar a elecciones generales.

Ellos han desestimado con esta actitud los hechos relevantes, de que la autoridad legítima electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, que los observadores internacionales como nacionales, han declarado que no hubo fraude, es el caso de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Muchos congresistas afirman que son testigos de irregularidades en este proceso electoral, en este caso su elección es espúrea y no han debido aceptar sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones.

Al parecer han decidido que está Comisión Investigadora declare el supuesto fraude, para defenestrar al Presidente de la República Pedro Castillo Terrones y su plancha presidencial. Como se trata de un sólo proceso electoral (Arts. 16 y 20 L.O.E. 26859), la declaración del Congreso de fraude electoral implica que la elección de congresistas también es fraudulenta.

Entonces es un despropósito esta investigación. La Comisión Investigadora tendría por objeto, buscar responsables del supuesto fraude en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A sus miembros por mandato de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, les son aplicables en lo pertinente las normas sobre. responsabilidades y sanciones previstas para los Jueces Supremos (Art. 13). En consecuencia son responsables civil, penal y administrativamente (Art. 43 Ley Org. 29277). Si se trata de responsabilidad penal procede el antejuicio por infracción a la Constitución y a la ley penal.

El proceso de investigación del Congreso es administrativo y por el principio ” ne bis in ídem” la Junta Nacional de Justicia que tiene la facultad de destituirlos, ya no podrían hacerlo al duplicarse el proceso administrativo. El Congreso de la República tampoco puede sancionarlos por razones políticas, porque los magistrados están prohibidos de participar en política (Art. 40.6 Ley Org. 29277). Entonces se limitarían a hacer un informe parcializado porque la mayoría de Congresistas son parte interesada en este proceso electoral.

Si se trata de responsabilizar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, su titular corre la misma suerte, porque la Junta Nacional de Justicia es la única que puede sancionarlo y no procede un doble proceso administrativo por esta causa. Los mismos partidos políticos que alegaron el fraude en las elecciones, son las mismas bancadas de esos partidos políticos que en el Congreso piden se investigue el fraude.

Siendo la candidata de Fuerza Popular Keiko Sofía Fujimori Higuchi quién empezó este galimatías, creando confusión y desorden. Con estas prebendas, quieren hacer oficial el fraude, sin importarles sus principios éticos y morales, proceso electoral en que ellos mismos han sido mal elegidos y como consecuencia su elección es fraudulenta. ¿ Quosque tándem Catilina abutare pacientia nostra ? ¿ Hasta cuando Catilina abusas de nuestra paciencia?

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