Por: Cecilia Bákula – El Montonero

En días pasados, una noticia esperada y necesaria rebotó en todos los medios de comunicación: un juez de Estados Unidos había expresado, de manera clara, que Alejandro Toledo calificaba para ser extraditado al Perú, para ser juzgado aquí, en donde cometió tremendos actos de ilegalidad que se han asociado, por algunos, a la usura, robo, corrupción, estafa y daños a la Nación. El juez Thomas Hixson, de California señaló expresamente: “La Corte certifica que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado de extradición de Perú y EE.UU.”.

Es decir, que luego de varios años de juicios, algunos meses de prisión, muchos abogados, audiencias y procesos, gracias a la declaración hecha por la corte de California, el caso parece tener una luz para que sea la justicia peruana, aquella a la que Toledo quiso burlar y menospreciar, sea la que vea su caso en definitiva. Y que sea la que establezca los sustentos de acusación, posible culpabilidad y, sobre todo, la pena a cumplir, así como la reparación a pagar.

Según la justicia peruana, Toledo es plausible de ser acusado de cargos como traición a la patria, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios, engaño y otras muchas formas de delinquir. La Fiscalía de la Nación ha señalado que Toledo habría recibido no menos de US$ 35 millones a cambio de favorecer a empresas que tenían y siguen teniendo negocios en Perú. Y todo ello, mientras ejercía la máxima autoridad en el Perú, mientras se beneficiaba de privilegios y destruía la institucionalidad y la majestad de la presidencia de la República, rebajando el servicio al Estado, al aprovechamiento culposo a través de graves acciones cometidas, con abuso de autoridad y privilegios, en perjuicio de miles de peruanos, de la dignidad nacional, del futuro de varias generaciones.

No obstante lo necesario e indispensable de que sea extraditado y que sea la justicia peruana, a la que él tanto teme, la que asuma con todo rigor el caso, es evidente que el momento parece el menos adecuado. El país vive actualmente una confrontación y podría pensarse que hay temas puntuales de urgente atención política, económica y social que no deberían, en ningún caso, verse postergados o minimizados, por el impacto mediático de la eventual extradición de Toledo. A mi criterio, Toledo no solo debe enfrentar acusaciones por casos de corrupción, peculado y robo en perjuicio del Estado y de la Nación, sino que hay un trasfondo de abuso, de inmoralidad y traición que debería tomarse en cuenta.

Delinquir siempre es grave, pero la condena y el oprobio deben estar en relación tanto a la falta como a quien la comete porque el daño del escándalo, agrava cualquier situación. Podrá hacer uso aún de algunas acciones legales; se ha manifestado la posibilidad de interponer un pedido de habeas corpus. Todo podrá dilatar el proceso, pero el juicio y la condena, deberán darse en el Perú. No solo porque es lo que corresponde, sino porque es necesario que se sepa que la corrupción, el latrocinio y las acciones en perjuicio del país y de los más pobres, no pueden quedar impunes.

Deseo que este caso, triste para el país, pero necesario de ser enfrentado, no opaque la urgencia de atender la crisis generalizada en que vive nuestra sociedad. Nada debe ser una cortina de humo para distraer la responsabilidad de que se tomen acciones ejemplificadoras respecto al reo e indispensables respecto al futuro del país, cuyo horizonte vemos con cargados nubarrones.

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