Por: Carlos Meneses

“Toda ley debe cumplir con el requisito que manda la Constitución, de ser vista, estudiada y aprobada por el Congreso de la República”.

Mientras subsista el trámite que debe seguir el proyecto de ley de lo que el gobierno de Perú Libre llama la Segunda Reforma Agraria, hay la posibilidad de que se atienda la demanda de las organizaciones privadas que se dedican a la agricultura, sobre todo de exportación y se perfeccione un modelo que busca privilegiar a la llamada agricultura familiar y que no ha mencionado, por lo menos hasta ahora, alguna forma que permita la expresión de no expropiar ni desalentar la ayuda económica y técnica a los agricultores y ganaderos.

El proceso democrático exige que un proyecto de ley del Ejecutivo deba merecer el estudio de comisiones parlamentarias y previos entendimientos con los actores del proceso, un perfeccionado documento que considere el pleno parlamentario y que termine por definir cómo se aplicará una segunda reforma agraria que no implique ningún parecido con la de Velasco. Y no dañe las posibilidades del desarrollo de este importantes sector nacional.

En consecuencia de lo anterior, los peruanos tenemos la posibilidad de postergar lo que ambiciosamente se ha bautizado con el nombre de segunda reforma agraria cuando en realidad se intenta perfeccionar un modelo que no tuvo pleno éxito, cuando se habló de que nunca más los campesinos enriquecerían a los gamonales de antes y de paso debiera contemplar cómo se honran los bonos que se entregaron en compensación de las tierras expropiadas.

Ese es el curso legal que debe seguir el documento y también la oportunidad de evitar la comisión de las fallas que entonces se produjeron por un acto de prepotencia gubernamental que, además, fue incompleto pues se dejó a los nuevos dueños de las tierras sin asistencia técnica, económica produciendo la desocupación en el campo y un retroceso en la producción agrícola nacional.

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