— Redacción Diario El Pueblo —

Con la declaración de reos contumaces a los empresarios españoles: Antonio García del Villar, Ignacio Cerredo Villa, Fernando Jesús Toledo Arburúa, Víctor Manuel Mantilla Chávez, igualmente para Carlos Ríos Sánchez, luego de cuatro años, se inició el juicio oral contra ex funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.

Luego de cuatro años

El procesado Emilio Sanz Cañada, a pesar que asistió a la audiencia no se pudo conectar debidamente, por lo que se le recomendó participar en la siguiente citación, de lo contrario sería declarado de la misma manera.

La resolución fue dictada por el Juez para casos de corrupción de funcionarios, Edy Leva Cascamayta, quien lleva a cabo el juicio por el delito de colusión agravada al haber presuntamente direccionado la licitación de los estudios de la carretera Arequipa -La Joya, en el que están implicados el ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén y 20 funcionarios más.

En febrero del 2017 se hizo la acusación contra el ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén y funcionarios de la entidad, porque supuestamente se direccionó la licitación de la ejecución de la obra para que la hiciera una empresa española, proceso que por diversos motivos se ha ido extendiendo y ayer nuevamente se reinició.

En este primer día del juicio oral, el tema fue la ubicación de cada uno de los procesados españoles, a quienes supuestamente no les habían notificado a sus domicilios; pero el Ministerio Público demostró que sí ocurrió dicha notificación, por lo tanto, serán ubicados por la Policía Nacional y a nivel internacional. La defensa de Carlos Camacho Sevillano, justificó su inasistencia por una intervención quirúrgica.

Según el Ministerio público, la licitación fue direccionada a favor de este consorcio con cuyos representantes se habría coordinado los términos de referencia desde antes de lanzarse la convocatoria. Además se le habría concedido pagos anticipados indebidos y no se cobró la penalidad prevista por incumplimiento de contrato.

Esta denuncia se originó por el constructor de puentes, Jack López, cuya empresa integró el consorcio supuestamente a sugerencia de los funcionarios del Gobierno Regional, según indicó, con el único fin de acreditar la presencia de profesionales peruanos en dicho consorcio, pero luego dijo que lo ignoraron y desecharon el diseño que presentó. Él también forma parte del proceso al estar comprometido en dicha colusión.

Además están incluidos los ex funcionarios: Delfor Sarmiento Pinto, quien sufrió prisión preventiva domiciliaria, al igual que Guilén. Miguel Ángel Ocharán Picchú, también con detención preventiva pero en el penal de Socabaya durante seis meses.

Además están implicados Fernando Castillo Gutiérrez, Jorge Luis Gallegos Aguilar, Nadia Heredia Espinoza, Víctor Mantilla Chávez. Adicionalmente, René Huanca Ramos, Rossana Morays Velásquez, Arcemia Bustamante Quispe y Juan Velille Torres.

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