Por: Christian Capuñay Reátegui – Periodista

Es evidente que en los últimos años el epicentro de los sismos políticos que se han registrado en el país se ha ubicado en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambos poderes del Estado han estado enfrentados en muchos episodios de nuestra historia y cuando esto ha ocurrido, usualmente el Gobierno no ha tenido éxito e incluso los períodos constitucionales se han interrumpido.

Hay varios períodos que pueden servir de ejemplo. Sin embargo, no hay que retroceder muchos años para estudiar este punto. Por ejemplo, las crisis políticas que hemos padecido recientemente se han originado en parte por el accionar intransigente de una oposición congresal frente al escaso margen de maniobra de Ejecutivos sin el suficiente peso para contrarrestar a sus adversarios.

Esto ocurrió durante el breve gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el cual se vio arrasado por la actitud de la bancada fujimorista que bloqueó todas las iniciativas de Palacio, una actitud por la cual su lideresa se vio obligada a pedir perdón.

Esa misma situación se apreció durante el gobierno de Martín Vizcarra, quien, no obstante, cerró el Parlamento y ganó margen para continuar gobernando, aunque por corto tiempo. El error fue que desperdició el capital político conquistado y no construyó una plataforma que le diera sustento a su administración. Finalmente, Vizcarra también fue vacado por el Congreso por incapacidad moral.

Recordamos estos episodios recientes debido a que en el actual Congreso pareciera gestarse un ambiente similar al que hemos reseñado. Varios de los voceros de las bancadas de oposición al gobierno de Pedro Castillo han manifestado que la vacancia es una opción en evaluación. Hace muy poco, un representante del partido Renovación Popular anunció que estudia presentar una moción que plantea la aplicación de ese controvertido mecanismo al actual jefe del Estado.

En primer lugar, creemos que esa tendencia en el actual Parlamento es nefasta, no para el Gobierno, sino para el país y su democracia. Jaqueado por la pandemia del covid-19 y por la retracción del crecimiento económico, el Perú no soportará otra nueva cumbre de inestabilidad, que sería interrumpir el período constitucional del Ejecutivo. El Congreso, en segundo lugar, tiene la opción de concentrar sus esfuerzos en discutir alternativas para impulsar temas de Estado, por ejemplo, el retorno a las clases presenciales de millones de niños cuya formación está fuertemente perjudicada; el apuntalamiento de la vacunación anticovid-19; o la búsqueda de un marco legal que aumente la presión tributaria.

Obviamente no se propone que el Parlamento renuncie al control político, en especial sobre un gobierno que parece errar más que acertar. Sin embargo, no debemos repetir patrones que ya han demostrado su inconducencia. Por el bien del país, urge el logro de consensos mínimos que permitan superar los problemas más graves. La clase política le debe esto al pueblo peruano.

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