Por: César Peñaranda – El Montonero

La mundialmente conocida y reconocida canciller alemana Angela Merkel, próxima a dejar su cargo luego de 16 años, afirmó el 2015 que “viví mucho tiempo detrás de un muro (el de Berlín) como para desearlo de vuelta”. Una expresión que muy bien podemos utilizar para manifestar con la mayor convicción y energía posible que hace más de 30 años vivíamos con inestabilidad económica y política, y peor aún con miedo por el terrorismo, como para querer retroceder al Perú de esa época. Menos aún luego de haber logrado, a partir de la década de los noventa, con dificultades y quedando pendiente muchas cosas, reducir significativamente la pobreza extrema y global, mejorar la equidad de la distribución de ingresos, incrementar de manera sustantiva la clase media y aumentar el bienestar de la población. Todo ellos sobre la base de la democracia como sistema político y en una economía social de mercado como sistema económico; ambos recogidos en la Constitución de 1993, Carta Magna que, de acuerdo al ideario y programa político presentado al Jurado Nacional de Elecciones por el partido actualmente en el gobierno, se quiere cambiar en la ruta del marxismo-leninismo-mariateguismo, como expresamente se establece en el mencionado documento de la agrupación política Perú Libre.

Empero, aun sin haberse producido esto último actualmente se están resquebrajando los cimientos en que descansa el éxito del programa económico ejecutado desde inicios de los noventa. Me refiero a los fundamentos macroeconómicos y las instituciones, lo que conlleva por la incertidumbre, desconfianza y expectativas negativas que lo anotado genera a que se paralicen los dos motores centrales para crecer de manera alta y sostenida, que son la inversión y la productividad. Si los cimientos sólidos de una edificación se empiezan a debilitar, cavando o rompiendo progresiva y aceleradamente los mismos, no tiene sentido iniciar o continuar con los acabados, menos aún amoblarla, pues se vendrá abajo más temprano que tarde. Esto es lo que desafortunadamente estamos presenciando y, lo peor, es que llueve sobre mojado, pues el pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia del Covid-19 dejó al país en muy mala situación de la que lentamente se estaba saliendo, al punto que un organismo serio como el Banco Central de Reserva (BCR) está ajustando hacia abajo estimados claves como la inversión y consecuentemente el ritmo de crecimiento económico. Veamos.

La preservación de los fundamentos macroeconómicos, léase la adecuada política monetaria y cambiaria así como la política tributaria y fiscal, ha distinguido al país desde inicios de los noventa cuando se empezó a ejecutar la política económica que en lo sustantivo se ha mantenido, con ajustes según la coyuntura, durante 30 años. Ello permitió disponer de estabilidad macroeconómica y por tanto tener un horizonte claro de mediano y largo plazo que daba confianza a los agentes económicos en su toma de decisiones, lo que vieron con claridad además las calificadoras de riesgo de inversión de prestigio internacional que otorgaron al Perú el grado de inversión y favoreció a su vez el flujo de capitales hacia el país. Lamentablemente se ha debilitado en su concepción y manejo la política tributaria y peor aún la fiscal que está generando déficits fiscales y deuda pública preocupantes y, más angustiante aún, sin un panorama claro o derrotero hacia adelante respecto a cómo ir reduciéndolos a niveles adecuados para la realidad nacional. En particular destaca la equivocada orientación de recursos a favor de actividades, servicios e inversiones irrelevantes o de escasa utilidad, pero en especial el ingenio para crear subsidios de todo tipo de manera indiscriminada y muy mal asignados que ha consumido buena parte del presupuesto público así como los fondos para contingencias. No se entiende que la principal fuente para la recaudación de impuestos, más aún en la actual coyuntura, es impulsar el crecimiento económico vía la inversión fundamentalmente privada, pues los mensajes que se trasmiten y las acciones que se toman van en contra, como la de gravar las “sobreganancias”.

El problema es mucho más crítico en lo que corresponde a las instituciones, concretamente me refiero a cinco de ellas: la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar, sujeto por cierto a la ética y normatividad vigente; la estabilidad jurídica; el imperio de la ley; el respeto irrestricto a la propiedad privada y derechos de autor; y, la transparencia y universalidad de la información. En cuanto a la primera, la libertad económica, no hay ningún atisbo de propender a desregular, simplificar procesos y eliminar trabas burocráticas en los tres niveles de gobierno -nacional, regional y municipal- situación que se intuye más bien puede complicarse por las nuevas autoridades que están incorporándose a diferentes entidades públicas sin experiencia alguna en el sector público y conocimiento del sector en que se involucran. Esto se torna particularmente negativo para la micro y pequeña empresa que son el grueso del universo empresarial, en un contexto en que la celeridad y mínimo costo de tramitación y transacción hacen la diferencia.

Quizás las instituciones más sensibles tanto para los agentes económicos nacionales como internacionales es lo referente a la estabilidad jurídica, el imperio de la ley y la propiedad privada, fundamental para la marcha saludable tanto de la democracia como del sistema económico de economía social de mercado. Si como objetivo central del gobierno de turno destaca cambiar la Constitución, sea utilizando la ruta establecida en la propia Carta Magna o fuera de ella vía una Asamblea Constituyente, qué tranquilidad pueden tener los inversionistas y empresarios de invertir para ampliar capacidad instalada o iniciar nuevos proyectos si se desconocen los cambios que recogerá la nueva constitución, peor aún cuando se sabe que lo impulsan personas que postulan y avalan posturas de extrema izquierda, propias del siglo XIX o XX. Qué estabilidad jurídica puede existir si se quiere cambiar a como dé lugar la ley de leyes.

Igual de negativo es no respetar la normatividad jurídica existente, que no impere la ley, pues eso es lo que se tiene cuando se quiere desconocer lo que contienen los contratos o modificarlos de manera unilateral, más grave por cierto en este último caso cuando se amenaza con aceptar las condiciones que se imponen so pena de nacionalizar o estatizar la empresa. Al margen del costo directo que un final así tiene para el Estado si estas acciones culminan en tribunales internacionales, de lo que sobran ejemplos, el mayor costo es vía el impacto negativo que tendrá sobre los agentes económicos internacionales y nacionales para futuras inversiones y con ello para la generación de puestos de trabajo e ingresos y, por supuesto, para reducir la pobreza global y extrema. El daño es enorme para el bienestar nacional. Sucede lo mismo cuando no se respeta la propiedad privada y los derechos de autor, lo que además es vital para que funcione una economía social de mercado pues es intrínseca a ella.

Por último, pero no por ello menos importante, está lo pertinente a la información, la que debe ser transparente, oportuna y universal, respetar el derecho a la información y la libertad de prensa y difusión, cualquier viso de querer controlar, restringir, coartar o, peor aún, eliminarla afecta sobremanera el comportamiento del mercado, la sana competencia y la asignación eficiente y eficaz de los recursos, sin mencionar por cierto el impacto negativo sobre la propia democracia que tiene violentar esta institución.

En el contexto señalado, de debilitamiento de los fundamentos macroeconómicos y de las instituciones, se va generando una ola creciente de incertidumbre, desconfianza y expectativas negativas que impactan a uno de los motores centrales como es la inversión para mover la economía de inmediato y generar los empleos que reclama la clase trabajadora con angustia. Bienvenida la inversión pública pero sin la inversión privada es muy poco lo que se puede lograr, pues además de representar a lo sumo el 20% de la inversión total del país, se conoce la incapacidad del Ejecutivo a nivel nacional, regional y municipal de ejecutar oportuna y adecuadamente (sin corrupción) los presupuestos de inversión, para muestra está el promedio de ejecución de los últimos años que no supera el 70%, es decir, invierte poco y mal. Es la inversión privada nacional y extranjera la relevante, presente tanto en los distintos sectores productivos como en la pertinente a infraestructura, sin ella no será posible abrir oportunidades de empleo para los que se incorporan al mercado de trabajo -270 mil cada año- así como para aquellos que están en condición de subempleados –alrededor de 9 millones-. Empero, por lo señalado a lo largo de este artículo, los estimados sobre la evolución de la inversión son totalmente decepcionantes, el propio BCR estima en cero su tasa de crecimiento, mientras otras entidades a las que me sumo adelantan tasas negativas, decrecimiento de la inversión, en el orden de 18% o más, con lo que la economía se estanca o retrocede a un costo muy alto en términos de pobreza y bienestar. Esto no obstante tener una cartera de inversiones envidiable en muchos sectores productivos –como el minero, energético y agroindustrial- y una necesidad urgente de buscar cerrar la enorme brecha de infraestructura que supera los US $290 mil millones –considerando la nueva y el mantenimiento de la existente- lo que sin la participación del sector privado será poco menos que imposible lograrlo.

Esto último respecto a la infraestructura más las reformas estructurales llamadas de segunda generación -tales como la del Estado en especial el Ejecutivo, de educación, salud, ciencia y tecnología y laboral- que cada vez se ven menos posibles de realizar, hacen que el otro motor del crecimiento que es la productividad también esté no sólo estancada sino posiblemente en retroceso, con lo que el panorama hacia el mediano-largo plazo de crecer de manera sostenida y a tasa alta se aleja pues es el crecimiento de la productividad lo que asegura esto, garantiza un aumento del crecimiento potencial.

Queremos continuar siendo positivos, optimistas, pero en la coyuntura actual y con tendencia a agravarse es difícil a menos que se pueda vislumbrar pronto una salida que, respetando el marco constitucional, nos conduzca a retomar el rumbo para fortalecer y consolidar los cimientos y los motores del crecimiento y nuevamente aspirar con realismo ser más temprano que tarde un país del primer mundo, como nos merecemos y podemos sin triunfalismo lograrlo. Quedamos atentos.

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