Por: Javier Azálgara Neira – Abogado

En nuestro país todas las Constituciones promulgadas y que tuvieron vigencia, tienen como origen una asamblea constituyente, llámense convención nacional o congreso constituyente. Como excepción, está la “Constitución Vitalicia” de 1826 aprobada de facto por el Consejo de Gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz y la expedición por un Congreso Ordinario en 1860, presidido por Manuel de Mendiburu, diputado por la provincia de Quispicanchi y Vicepresidente del Congreso Ordinario que aprobó la “Constitución”, promulgada por el Presidente Constitucional de la República don Ramón Castilla el 13 de noviembre de 1860. Entonces tomemos conciencia de la necesidad jurídica de una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución, pues forma una parte intrínseca de los sistemas sociales, económicos y culturales peruanos. Su antigüedad en el Perú data del Primer Congreso Constituyente, que aprueba la “Constitución Política de la República Peruana” el 12 de noviembre de 1823. Asambleas Constituyentes que tienen objetivos democráticos y cuyo fin es elaborar una Constitución, porque son elegidos los constituyentes directamente por el pueblo, para que tenga eficacia jurídica. La nueva Carta Magna puede sancionarse también mediante referéndum. Esto contribuye a la integración de la sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos. Norma Jurídica que rige la sociedad y que proviene de la autoridad jurídica de la Asamblea Constituyente. El problema actual de los opositores del gobierno del Presidente Constitucional de la República Pedro Castillo Terrones, es que no son democráticos, pues una Asamblea Constituyente se elige democráticamente. Esta minoría de la oposición tiene temor de perder la votación directa y democrática. Esta minoría de personas con poder que defienden sus privilegios y procuran mantener el orden establecido, en inglés establishment, han satanizado la posibilidad de una Asamblea Constituyente, indicando que va a ser comunista, cuando ésta se somete a la elección directa de los constituyentes por el pueblo. Pueblo peruano que no quiere una Constitución espúrea, producto de una dictadura del reo Alberto Fujimori Fujimori, que sobre todo en el orden económico es contraria a los intereses de la patria, pues permite el saqueo de los recursos naturales a las empresas transnacionales que no respetan las leyes peruanas. Al parecer han perdido la capacidad para imaginar soluciones viables, y por ser un gobierno de izquierda democráticamente elegido, se quiere forzar la vacancia del Presidente Constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Usan su poder económico y mediático para destruir la democracia y el respeto a la elección del pueblo peruano. Quienes lideran esta oposición, son partidos políticos que por su naturaleza son populistas, como Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori Higuchi, es rea de delitos graves en agravio del Estado Peruano, acusada por quien piden más de treinta años de prisión. El partido político Renovación Popular, es decir populista, cuyo poder económico ha demostrado en las elecciones, y su fuerza también radica en militares en retiro cuya confrontación es mentirosa y abusiva. A estos partidos políticos de oposición con su plan maquiavélico, astutos para conseguir todo con engaño y falsedad, como es el supuesto fraude electoral, su oposición mediática y su fin de desestabilizar al gobierno; no les interesa causar pánico financiero, encarecer los productos de primera necesidad y ocasionar la especulación con el dólar su divisa. No somos “terrucos” los que opinamos por una nueva Constitución, ni militantes del partido político del gobierno Perú Libre. Esta nación debe ser una comunidad sin poder, no sin autoridad. Pero tal autoridad tiene que ser entendida como servicio.

Carlos Augusto Ramos Núñez, autor de libros en los campos de historia del Derecho, Derecho y literatura y metodología de la investigación.

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