Por: Carlos Meneses

“Queremos una justicia eficaz, antes que permitir que los delitos prescriban o que la honra de los justos sea dañada por la sospecha sin fundamento”.

Es evidente que la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán que buscar formas rápidas para el combate contra la corrupción de la que está siendo presa el gobierno central y los organismos desconcentrados que suponen lo que se viene revelando ahora en las regiones y también en los municipios.

El combate tiene que ser eficaz y rápido para que se castigue, ejemplarmente, a quienes han cometido delitos contra el interés público y la lucha que empezó con las intervenciones de Lava Jato, con la presencia de Odebrecht, empresas públicas y privadas de Brasil y de los agentes peruanos que se animaron a participar de semejante empeño.

La rapidez con que se actué será determinante para desalentar a quienes se han empeñado en tal malsana tarea. Hacemos ese reclamo porque una de las grandes deficiencias del Estado nuestro es la lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en general. La justicia tardía no es justicia.

Se trata de castigar, ejemplarmente, lo que se evidencia con investigaciones policiales y fiscales, también es la mejor manera de evitar que se repita las experiencias que nos hacen daño.

Comprendemos que todo acusado tiene derecho a la defensa, pero de ninguna manera el ejercicio de la defensa debe ser parte de la obstrucción o lentitud que amenace con la prescripción de los delitos encontrados.

En Arequipa, la indignación colectiva por lo revelado alrededor del Gobierno Regional obliga a demandar que se proceda con la mayor celeridad posible para castigar a los que, realmente, cometieron delito o que coordinaron malvadas acciones para sacar beneficio propio o de círculo amical, en detrimento de la población que sufre las consecuencias de la desvergüenza.

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