— Redacción Diario El Pueblo —

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para que el Congreso de la República legisle en favor de la nacionalización del gas de Camisea, emitió un comunicado en el que manifestó que las inversiones y el estado de derecho deben de ser respetados. “Somos conscientes de la enorme responsabilidad del sector privado en el desarrollo de una economía sólida que genere bienestar, riqueza y puestos de trabajo con inclusión para todos los peruanos, contribuyendo a reducir la pobreza y la desigualdad. Ello se logra atrayendo inversiones al país, fomentando reglas claras y respetando el Estado de Derecho. Recordemos que el sector empresarial representado por las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, es generador del 80% del Producto Bruto Interno y de más del 70% de los empleos formales en el Perú”, detallaron los representantes de este importante gremio empresarial.

En el escrito hicieron recuerdo de las declaraciones realizadas, semanas atrás, por el presidente de la República, respaldando la inversión privada y “hace unos días, por el contrario, sus declaraciones manifiestan su interés en hacer todo lo contrario, es decir, iniciar un proceso de nacionalización en este caso, del gas de Camisea”.

Los representantes de la CCIA indicaron que las últimas declaraciones de Castillo son contradictorias y generan incertidumbre en los inversionistas, además de causar confusión y ahuyentar las inversiones. “Las decisiones políticas que se generen sobre esta propuesta, no deben prosperar desde el Congreso, porque lo único que se estaría logrando es ralentizar la economía del país, con el consiguiente perjuicio para todos los peruanos”, expresaron.

Finalmente indicaron que el Perú tiene grandes y urgentes necesidades que no pueden esperar. Junto a la coyuntura política y la crisis sanitaria producto de la pandemia por la COVID- 19, es muy preocupante que, en el caso de la región Arequipa por ejemplo, el gobierno regional no haya ejecutado eficientemente el presupuesto de inversión, postergando la urgente atención de las provincias que claman por agua, desagüe, electricidad, salud, seguridad y transporte.

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