Por: Carlos Menses

“Esa es la corrupción que más daño hace cuando se antepone lo particular sobre el bien común”.

Entre los grandes problemas que la administración estatal debe resolver en el Perú está, sin duda, la ineficiente labor del Ministerio Público y del Poder Judicial, no hay quién deje de quejarse por el tiempo que todo litigante pierde en obtener la justicia que espera de procesos en curso en las diferentes especialidades ante los fiscales y jueces de todo el país.

No se han encontrado fórmulas eficaces o de trámite rápido que permitan lograr el objetivo de todo aquel que llega a un tribunal desea para que los procesos terminen en el menor tiempo posible y dé las máximas seguridades que exige el común de los mortales para obtener razón que le asista en su demanda. Esta queja ha sido una constante en todo tiempo de existencia de la República.

Para colmo de males no existe solución a la vista, pues los procesos se incrementan día con día; las cargas procesales parecen ser tan inmensas que no son posibles de resolver ni con incremento de personal, mucho menos con remuneraciones adecuadas, que satisfagan el deseo común con las formas convencionales que se aplican en el Perú y a pesar del modernismo de los sistemas virtuales que podría apresurar el paso de todo juicio.

Una de las formas de protegernos de los males es castigar severamente la obstrucción judicial, que, muchas veces, se logra por intereses subalternos para simplemente demorar los juicios de generación en generación.

En el manejo de los asuntos públicos esto es más grave que en los privados, pues se suman a los factores comunes la influencia de cambios políticos o de variaciones en el comportamiento de quienes aprovechan toda coyuntura que conlleve el eludir responsabilidades o por lo menos demorar la aplicación de normas justas y severas para poner las cosas en orden.

En el Perú, según revela la Contraloría General de la República, existen más de 2 mil 400 obras paralizadas por juicios o arbitrajes que demoran la entrega de hospitales, escuelas, represas o instalaciones de servicios. Mientras la población desespera por lo que requiere y no recibe, por falta de diligencia en el tratamiento de asuntos que podrían resolverse con seguridad y eficiencia mediante un diálogo en el que la palabra se respete y se cumpla con el plazo señalado.

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