— Redacción Diario El Pueblo —

El día 27 de octubre se debió llevar a cabo la notificación de la resolución que confirmaría o por el contrario, revocaría la sentencia contra el gobernador Elmer Cáceres Llica, que dispone su destitución del cargo, por no haber acatado los protocolos contra la COVID 19.

Esta sentencia fue dada por el juez del Módulo de Justicia de Mariano Melgar, a la cual apeló la autoridad regional la misma que fue interpuesta por el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo a la que se sumó la asociación Solidaria que preside el abogado Arturo Salas Vildoso, quien señaló que probablemente surgieron inconvenientes para la notificación de las partes, puesto que tenían un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse.

De confirmar la primera sentencia, el gobernador regional, ya no podría apelar a otra instancia más y el juzgado tendrá que notificar al Jurado Nacional de Elecciones para que le retire las credenciales como autoridad regional y proclamar al vice gobernador para que ocupe el cargo. De ser contraria la sentencia, los demandantes dicen que podrían apelar ante el Tribunal Constitucional.

Salas Vildoso insiste en que un juez sí puede determinar la destitución de una autoridad, pues la ley indica que sí se puede hacer la destitución de un funcionario o servidor público, no especifica si fue elegido por voto popular o no. Además dijo que el hecho se agrava porque se trató de la vida de miles de arequipeños que fallecieron como consecuencia de la COVID, porque no puso atención a tiempo en garantizar los servicios de salud necesarios.

Hasta el momento, Cáceres Llica, que está siendo procesado por delitos de corrupción, al supuestamente liderar una banda criminal denominada “Los hijos del cóndor” tiene 16 procesos, entre ellos el que la organización Solidaria le inició en junio del 2019, respecto al proyecto Majes Siguas II, en donde advirtió una serie de irregularidades, que se concretaron al ponerse de acuerdo con la empresa española Cobra para llevar adelante la adenda 13.

En esa denuncia por colusión agravada se involucró al gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, así como al representante de Cobra, Santiago Hernández Castaño, quienes se pusieron de acuerdo en los términos de la adenda que luego se presentó a Proinversión, al Ministerio de Economía y Finanzas y sobre la cual, la Contraloría hizo una serie de observaciones.

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