— Redacción Diario El Pueblo —

Según la fiscal María del Rosario Sotomayor, quien lleva el caso en contra del gobernador Elmer Cáceres Llica, quien encabezaría la organización criminal Los hijos del cóndor, al tratarse de un complicado caso, con cuatro testigos protegidos y miles de documentos y audios por procesar, insiste en ampliar la prisión preventiva de 24 a 36 meses para los implicados.

“Tenemos que solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, debemos hacer una serie de pericias y análisis a los celulares y equipos, debemos realizar la homologación de todas las voces que participan en los audios, hacer pericias grafotécnicas, no solo de quienes están ahora en el proceso sino de otras personas que hemos encontrado en la abundante documentación, entre muchas otras acciones que los 24 meses no nos van a alcanzar”, añadió la Fiscal.

Mientras que los implicados en el caso, están solicitando llevar el proceso en libertad en donde está implicado Elmer Cáceres Llica, los dos consejeros regionales: Ronal Veto Bernal Huarca y Jeymi Natividad Flores Quicana; los funcionarios: Gregorio Palma Figueroa, Marcelo Córdova Monroy y Napoleón Segundo Ocsa Flores; al igual que para el dirigente Mario Jacobo Jacobo. En el caso de Wilfredo Llaiqui Cáceres el pedido es de ampliar el plazo de la comparecencia con restricciones a 36 meses.

La fiscal superior sustentó el pedido en base a la complejidad del caso, el tiempo que demandarán las etapas del proceso como son: la investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral; la posible identificación de otros investigados cuando se analice cada elemento de convicción, además que se cuenta con tres testigos protegidos adicionales.

Según la investigación, la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, con el fin de que no lo fiscalicen y blinden a los funcionarios de su confianza ante los pedidos de interpelación que se presentaban en el Consejo Regional; a cambio de este apoyo, el gobernador habría realizado ofrecimientos y entrega de dinero, terrenos y obras a los consejeros regionales supuestamente captados, por intermedio de diferentes funcionarios o servidores públicos.

Para la entrega de terrenos se habría pactado con dirigentes de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas, Asociación de Productores Sol Radiante de Majes y Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí, por intermedio de testaferros, identificados por la Fiscalía.

Hoy a las 08:00 horas continuará la audiencia donde se debatirá la apelación de la defensa de Wilfredo Llaiqui Cáceres. Quedando la causa expedita para emitir la resolución que corresponda por parte del Poder Judicial en un plazo de 24 o 48 horas.

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