Por: Anthony Medina Rivas Plata – Director de la Escuela de Ciencia Política de la UCSM

A principios de la década de 1990, el ex presidente Alberto Fujimori implementó un paquete de reformas económicas de libre mercado luego del período anterior, marcado por las fuertes tensiones entre el ex presidente Alan García (1985-1990) con el gobierno de los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales (FMI / BM). En ese sentido, las reformas políticas y económicas de Fujimori reconfiguraron la estructura de la economía peruana bajo los principios del llamado ‘Consenso de Washington’. Con estas reformas se buscó (re)integrar al Perú al proceso de globalización liberal, así como de reducir la intervención del Estado en la economía y establecer un sistema de oferta y demanda autorregulado bajo el principio de autonomía del Banco Central de Reserva.

Las reformas peruanas de la década de 1990 coincidieron con una tendencia favorable a las políticas de libre mercado en América Latina, en un momento en el que a lo largo del hemisferio aparecían nuevas expectativas sobre la creación de un modelo de integración continental ‘neorregionalista’. Algunos hitos en esta dirección fueron la creación del MERCOSUR en 1991, así como de la Comunidad Andina de Naciones en 1994.

Sin embargo, a diferencia de otros países como Chile o Argentina que se encontraban en medio de sus propios procesos de transición democrática, Fujimori consolidó su régimen tras la disolución del Congreso peruano en 1992 y la elaboración de una nueva Constitución a través del Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1993. La concentración de poder por parte del presidente a principios de la década de 1990 le permitió promover sus reformas libremente sin mayor resistencia de partidos de oposición, sindicatos o actores de la sociedad civil.

Fujimori abrió todos los sectores de la economía peruana a la Inversión Extranjera Directa (IED) y eliminó las restricciones a las remesas de utilidades, dividendos, regalías, acceso al crédito interno y adquisición de insumos y tecnología en el exterior. De igual manera, el gobierno ofreció paquetes de estabilidad tributaria para inversionistas extranjeros por períodos de diez a quince años e implementó programas de privatización de amplio alcance que ofrecían oportunidades de inversión a inversionistas internacionales; eliminando la competencia de empresas estatales y nacionales, las cuales, por su naturaleza, disfrutaban de ventajas asimétricas en comparación a las privadas. Al respecto, es importante señalar que el proceso de privatización fue la piedra angular del proyecto ideopolítico de Fujimori. Bajo el argumento de la necesidad de crear un entorno favorable a los negocios, Fujimori vendió la mayoría de los activos estratégicos del Perú y devaluó las empresas estatales en base a consideraciones de corto plazo y sin una estrategia coherente. Tras vender el 68% de la electricidad, el 35% de la agricultura, el 90% de las empresas mineras, el 85,5% de la industria manufacturera y el 68% de los Hidrocarburos, el gobierno de Fujimori obtuvo USD 9.221 millones. Sin embargo, del monto total obtenido por las privatizaciones, solo USD 6.445 millones ingresaron a las arcas públicas. En líneas generales, ese dinero se orientó a la compra de maquinaria militar, al pago de parte de la deuda externa (lo cual estaba prohibido por la ley peruana), así como para gasto social clientelar con el fin de ganar apoyo interno.

Luego de la caída de Fujimori en el año 2000, las reformas de mercado se profundizaron a través de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde se incluyeron diversos temas relacionados con la intervención estatal en la economía, derechos de propiedad y gobernanza. Identificamos cuatro razones por las que Perú decidió entablar una negociación bilateral con EE. UU. en lugar de operar a través de organismos multilaterales como la OMC o la Comunidad Andina:

  • 1. A nivel interno, la economía peruana orientada a la exportación atravesaba un lento pero ininterrumpido proceso de recesión desde 1998. Junto a ello, la falta de estabilidad jurídica y política no generaba incentivos para atraer nueva IED; por lo que se siguió manteniendo un instrumento poco confiable para regular el régimen comercial con el socio más importante del Perú: la Ley de Control de Drogas de Preferencias Comerciales Andinas (ATPDEA). Incluso si este acuerdo otorgó a la mayoría de los productos peruanos un acceso preferencial al mercado estadounidense sin aranceles, no servía para atraer IED. El ATPDEA necesitaba renovarse cada 3 años y estaba condicionada al apoyo de Perú a la guerra de los Estados Unidos contra las drogas en la región Andina. De esa manera, el Congreso estadounidense podía negar una renovación al acuerdo si Perú no cumplía con exigencias específicas; no solo en la lucha contra las drogas, sino también en otros temas no relacionados con los estupefacientes, como los derechos de propiedad intelectual.
  • 2. A nivel regional, hubo un profundo desacuerdo entre los países miembros de la CAN por razones ideológicas y económicas. Paralelamente a las negociaciones del ALCA, el gobierno de Bush también estaba tratando de perseguir acuerdos menos ambiciosos, pero más focalizados geográficamente con las organizaciones de integración ya existentes, como la CAN. Si bien excluyó a Venezuela debido a las agrias relaciones entre el presidente George W. Bush con el presidente Hugo Chávez, Estados Unidos intentó establecer un Tratado de Libre Comercio Andino con Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Ante el interés de Perú y Colombia de negociar directamente con EE. UU. sin tomar en cuenta las consideraciones de sus socios andinos (especialmente en temas de biodiversidad, medio ambiente y derechos laborales), el gobierno venezolano declaró ‘la muerte de CAN’, y pidió salir de dicho organismo en 2006.
  • 3. El fracaso de Estados Unidos para lograr consensos en América Latina en torno a la creación de un Área de Libre Comercio que abarque a todo el hemisferio occidental, a excepción de Cuba. Diseñado como una ‘expansión’ del TLCAN, la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), buscó promover un conjunto unificado de reglas en temas como reducción arancelaria, barreras y acceso a mercados, comercio de bienes y servicios, IED, privatizaciones, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios, medidas antidumping, libre competencia y resolución de controversias. Las capacidades potenciales de dicha zona comercial abarcarían una población de al menos 800 millones de personas y un PIB de USD 8.500 millones. Sin embargo, debido a las resistencias generadas al interior de los países del continente, el acuerdo nunca se firmaría. En los Estados Unidos, el Congreso se opuso a autorizar al presidente George W. Bush a utilizar el mecanismo de ‘vía rápida’ para las negociaciones comerciales sin una supervisión previa y la aprobación de la Cámara y el Senado; mientras que, en América Latina, el eje de izquierda bolivariana compuesto por Venezuela, Bolivia y Ecuador junto a Brasil y Argentina, criticó las intenciones de Estados Unidos por establecer un TLC hemisférico manteniendo al mismo tiempo medidas proteccionistas al interior debido a ‘preocupaciones partisanas’, como medidas antidumping, subsidios a la agricultura, escasa protección ambiental, así como una ‘cláusula democrática’ en el borrador propuesto por Estados Unidos con el objetivo de excluir a Cuba del acuerdo. Como consecuencia, el ALCA fue rechazado definitivamente en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005, año para el cual se había fijado el plazo para la firma del acuerdo.
  • 4. A nivel global, el estancamiento de las negociaciones post-Ronda Uruguay, que inicialmente propusieron la liberalización total del comercio mundial. El fracaso de la cumbre de la OMC en Seattle (1999) y la larga agonía de la Ronda de Doha fueron las principales razones mundiales por las que los países buscaron acuerdos menos ambiciosos y más centrados en la región bajo un paradigma de ‘regionalismo competitivo’, como Tratados de Libre Comercio bilaterales y regionales.

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