Por: César Gutiérrez – El Montonero

La selección de los presidentes de los consejos directivos de los cuatro organismos reguladores existentes –Osinergmin, Osiptel, Ositran y Sunass– siempre han sido procesos controvertidos. Han sorprendido las eliminaciones a nivel curricular de postulantes que tenían méritos suficientes para el cargo, tanto por experiencia como por pergaminos académicos; como también ha llamado la atención la discrecionalidad en las dos últimas etapas: entrevista personal y decisión del Presidente de la República de escoger entre los propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que es la entidad rectora de los concursos.

El plazo del mandato para los cuatro presidentes en ejercicio está por vencerse y corresponde a la PCM el nombramiento del comité que se hará cargo, quienes a su vez escogerán la universidad que preste apoyo con sus profesionales para la evaluación curricular, preparación de exámenes y desarrollo de entrevistas personales. Desde que se establecieron los concursos en el 2001, la Universidad Católica ha brindado sus servicios en esta tarea.

Desvirtúa el espíritu de competencia entre profesionales, la definición final por parte del mandatario de turno, una capacidad de veto en la que la valoración política estará presente.

Existe una normativa que establece las reglas para los postulantes, la que se encuentra contenida en dos decretos supremos-097-2011-PCM y 09-2017-PCM- A pesar de ello, siempre han habido serias dudas sobre las decisiones tomadas, exceptuando casos muy puntuales.

Los capitostes de los reguladores son muy importantes en la generación de confianza para la inversión. Deben ser conductores de posiciones que tienen que ver con los servicios públicos que se prestan: energía, telecomunicaciones, infraestructura de uso público de transporte y servicios de saneamiento. Se requiere especialización, experiencia e independencia; no solo de los agentes que van a ser regulados, sino también del poder político.

Estamos ante un régimen en el que uno de sus principales cuestionamientos es la designación de funcionarios de bajo nivel, y que ha llegado al extremo de que no se cumple con las mínimas exigencias establecidas para cada puesto. De allí la importancia que tiene en este caso el proceso a desarrollarse.

En esta oportunidad el Gobierno tiene que manejarse con la máxima transparencia. Ya ha tenido un caso exitoso que ha sido la conformación del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), en el que la presión mediática tuvo un rol importante.

La experiencia señala un derrotero a seguir. En primer término, al momento de la designación de los miembros de la comisión a cargo tiene que publicarse el currículum vitae (CV) de los integrantes, para verificar que tienen la experiencia y conocimientos para escoger entre postulantes de alto nivel profesional. La misma suerte deben correr los profesionales de la universidad o institución que sirva de apoyo a la comisión.

Un tema adicional debe ser la publicación de los CV de los postulantes, esto permitirá evitar las eliminaciones arbitrarias que se han visto en el pasado. Luego de la evaluación curricular, la puntuación motivada debe ser una obligación.

Rendida la prueba escrita debe publicarse el cuestionario y los exámenes desarrollados por cada postulante, a la vez que la puntuación obtenida. Al pasar por la entrevista personal, los criterios usados y la calificación deben ser públicos.

Solo siguiendo una práctica como la señalada se puede tener la seguridad de que la propuesta que haga la PCM al Presidente de la República sea la idónea. Hasta el momento nunca se ha trabajado de esta manera; se han publicado resultados, pero no razones, y siempre han habido dudas. Es la mejor oportunidad para el Gobierno de generarse credibilidad no solo ante los agentes económicos, sino también ante las instituciones internacionales. Si hay voluntad de enmienda, este es el momento de expresarla.

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