— Redacción Diario El Pueblo —

Si bien Odebrecht aceptó pagar al Perú 610 millones de soles como reparación civil, sin contar gastos adicionales (intereses y costos judiciales), solo el proyecto Gasoducto del Sur Peruano viene costándole mucho más al Estado: S/800 millones.

Desde que estalló el caso Lava Jato, y se aplicó la cláusula anticorrupción a los cómplices de Enagás y de Graña y Montero, de nuestros impuestos se vienen destinando US$ 216 millones a la colombiana Estudios Técnicos SAS, para el cuidado de los tubos desde el segundo semestre de 2017.

PERÚ PIERDE

Esto es mucho más que los 610 millones de soles que, en 2019, los fiscales Rafael Vela y José Pérez, junto al entonces procurador Jorge Ramírez, acordaron con Odebrecht, como reparación civil por contrataciones irregulares.

El 3 de octubre pasado, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Suprema 108-2021-PCM, que crea la comisión multisectorial encargada de la renegociación del contrato del gas de Camisea, el cual tenía una vigencia de 60 días hábiles.

Corrupción de Odebrecht y Graña paralizó proyecto, y mantenimiento nos viene costando más que sus reparaciones civiles.

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