Por: Roy F. Cárdenas Velarde

El último día del 2021 se publicó en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano la Ley 31388, que modifica el Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1293, extendiendo el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral al 31 de diciembre del 2004. Un proceso de formalización que ha sido bastante cuestionado.

El tema minero volvió a saltar a los medios a inicios de la semana pasada, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que se había planteado a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cambios a la Ley General de Minería (LGM) para atender los conflictos del país.

En noviembre del 2021, el 63.6% de los conflictos socioambientales activos se encontraban relacionados con actividades mineras. Ello podría servir como un argumento a favor de lo propuesto por la PCM; sin embargo, existen algunos aspectos que se deben considerar y que, humildemente, explicaré.

Primero, se tiene una percepción negativa de la palabra conflicto. El conflicto es un choque de intereses, y con las herramientas correctas se tienden puentes de comunicación para arribar a acuerdos comunes. No obstante, hoy en día el término conflicto se relaciona con los actos de violencia que vemos en los medios.

Entonces, se debe realizar un análisis de las causas que originan los conflictos y que –bajo pésimos escenarios– se traducen luego en actos de violencia. Si desde el Gobierno se ha propuesto la modificación de la LGM para atender los conflictos, se entiende que ello se debe a que se ha advertido que la causas que los originan se encuentran en la normativa.

Otro aspecto está referido a la relación equivocada entre el conflicto y el acto de violencia. Este último, en la mayoría de los casos, es la forma que alguna de las partes utiliza para que sus exigencias sean atendidas. Y con ello no quiero legitimar los actos de violencia ni afirmar que las exigencias sean siempre válidas.

Sumado a las causas, se debe considerar el curso que lleve el diálogo sostenido para arribar a acuerdos comunes. Una estrategia que no considere las causas del conflicto y las particularidades adicionales (localidad, población, actividad económica, etcétera), está condenada a fracasar.

Se requiere que las políticas públicas, primero, prioricen la atención de los conflictos que se encuentran en curso; y, segundo, la identificación de futuros conflicto, a fin de trabajar en su prevención. En ambos casos, se debe trabajar con base en las causas que los originan (considerando las actividades económicas o los intereses que se tengan). Lo cierto es que las actividades mineras están en el centro de la tormenta.

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