— Redacción Diario El Pueblo —

Luego de esperar casi 4 años para que el Gobierno Regional de Arequipa a través del Consejo Regional firmaran la adenda 13, la concesionaria del proyecto Majes Siguas II, Cobra, decidió terminar con el contrato para su ejecución, a través de una carta enviada al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Regional de Arequipa, argumentando el incumplimiento de algunas acciones por parte de la entidad arequipeña.

Empresarios aducen que perdieron US$ 220 millones

El documento está firmado por el gerente Santiago Hernández Castaño, justificando la caducidad del contrato que se firmó hace 11 años, indicando que en todo este tiempo ha tenido una pérdida de 220 millones de dólares y tal y como lo dijo en la sesión de Consejo, no descartan la posibilidad de iniciar acciones legales por los daños y perjuicios.

El principal argumento es la firma de la adenda 13 que se había planteado en la gestión de la ex gobernadora Yamilia Osorio, que dejó en stand by la misma y que en la gestión de Elmer Cáceres Llica tuvo una serie de indecisiones, ya que en campaña aseguró que nunca firmaría dicho documento, pero a los meses de haber asumido el cargo, comenzó a impulsar, lo que generó una serie de dudas entre los consejeros, que tampoco supieron asumir su responsabilidad para con el desarrollo de la Región Arequipa.

Luego de cuatro años, aun se sigue discutiendo si se debe firmar o no el documento, que tiene el visto bueno del Ministerio de Economía y de Agricultura, Proinversión, pero con algunas observaciones de la Contraloría, aunque la misma no era vinculante para proseguir con la firma. En la adenda se plantea cambiar el sistema para trasladar el agua hacia el proyecto, en lugar de canales abiertos, hacerlo por tuberías para evitar la pérdida por evaporación de agua, además de evitar el ingreso de sedimentos.

También se había previsto la construcción de vasos reguladores para la entrega del agua en las parcelas, que antes no se había tomado en cuenta, entre otros detalles. También argumenta que no tuvo la libre disponibilidad de los terrenos para hacer el trabajo, puesto que hasta el momento no se ha podido adquirir cuatro propiedades en la comunidad de Pusa Pusa, que forman parte del espejo de agua de la represa Angostura. Tampoco se ha hecho el mantenimiento del túnel por donde se conducirá el agua para el proyecto, que está en pésimas condiciones.

Los empresarios el 21 de diciembre dieron un ultimátum advirtiendo que si hasta fines de mes no se firmaba dicha adenda se culminaría con el contrato, lo que ha ocurrido, teniendo que asumir ahora la responsabilidad los integrantes del Consejo Regional, quienes minimizaron la advertencia, hasta señalaron que la empresa no era nadie para amenazarlos y no se presentaron a la sesión cuando se iba a discutir el tema, como el propio José Luis Hancco que ahora preside el Consejo Regional.

LO QUE SE PIERDE

Este proyecto de inversión, el más importante en el sur del país, tenían proyectado irrigar 38 mil 500 hectáreas que iban a servir para la agroexportación y generar millones de dólares para el erario nacional, además de la generación de fuentes de trabajo para unas 190 mil personas de manera directa y unos 300 mil indirectos; lo cual es más condenable en estos tiempo donde la región Arequipa está en plena crisis económica generada por la pandemia y las pésimas autoridades que la gobernaron.

Se incluye además las hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, que incluso ya tiene un concesionario y que iba a comenzar los trabajos el año pasado, pero estaban a la espera de la reanudación del proyecto Majes Siguas II, los que seguramente tomarán también algunas acciones contra el Gobierno.

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